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La primogénita de los príncipes de Asturias, infanta de España y Alteza Real desde su nacimiento ayer en Madrid, garantiza la continuidad dinástica y da estabilidad a la Corona y a la Monarquía parlamentaria elegida por los españoles como forma de Estado en la Constitución de 1978. Además de su trascendencia familiar y dinástica, la feliz noticia del nacimiento de la primogénita de don Felipe y doña Letizia supone un acontecimiento de gran dimensión institucional. Y es que el Rey -y la recién nacida lo será algún día- es, según establece la Constitución, el jefe del Estado, «símbolo de su unidad y permanencia».

El nacimiento del séptimo nieto de los Reyes se ha producido pocos días antes de que don Juan Carlos y doña Sofía celebren, el próximo día 22, el treinta aniversario de su llegada al trono. Esta niña constituye pues un eslabón más en la cadena que engarza a la dinastía Borbón con la historia. Cuando el Príncipe acceda al trono como Felipe VI, su primogénita se convertirá en el XXXVI Princesa de Asturias, un título que históricamente va unido a la condición de heredera de la Corona española.

Un rey o reina que, según el artículo 56 de la Carta Magna, «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes».

Si el próximo hijo de los príncipes de Asturias -don Felipe habló de tener más de dos y menos de cinco- fuera un varón, ocuparía el primer lugar sucesorio detrás de su padre.

Si los príncipes de Asturias sólo tuviesen hijas, será Leonor sobre la que recaería el título de Reina de España a la muerte de su padre.

Aunque la Constitución garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, en el caso de la sucesión a la Corona establece expresamente en su artículo 57.1 la preferencia del varón sobre la mujer, algo que el Gobierno de Zapatero quiere cambiar.