Miembros de la policía judicial de la Guardia Civil comenzaron
sobre las 10.00 horas a comunicar puerta a puerta la orden de
desalojo dictada por la juez del Juzgado de Instrucción 8, basada
en un posible delito de usurpación, mientras que medio centenar de
agentes de la Unidad de Intervención Rápida de la Comandancia de
Granada velaban por que todo transcurriera con normalidad.
Algunos de los ocupas optaron por trasladar sus pertenencias a
la calle, y varios ante las puertas del Ayuntamiento de Jun, que
permanece cerrado, para reclamar así que se les dé un techo bajo el
que poder cobijarse, pues no tienen un lugar al que acudir.
Aunque en el auto de la juez constaban inicialmente 20 viviendas
ocupadas ilícitamente, se comprobó que dos de ellas estaban
repetidas, lo que «fue constatado por la Guardia Civil».
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón,
señaló que a la Delegación del Gobierno las únicas denuncias que le
constan son «las de personas que, ante el clima de inseguridad
creado por la ocupación ilegal, decidieron abandonar el bloque,
pero no de nadie que haya sido desalojado a la fuerza», en alusión
a versiones en este sentido del alcalde de Jun, José Antonio
Rodríguez Salas (PSOE).
El delegado del Gobierno en la comunidad defendió la «absoluta
corrección» con la que el subdelegado, Antonio Cruz, ha actuado en
este suceso, ante la petición de dimisión formulada por el PP, por
el «vacío judicial» creada entorno a esta ocupación ilegal de
viviendas.
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