La ministra de Igualdad, Bibiana Aído (centro), ayer durante la reunión de constitución del comité de expertos. Foto: EFE

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El Ministerio de Igualdad anunció ayer que una «nueva» ley sobre el aborto -que no una reforma- entrará en vigor «a finales de 2009 o principios de 2010», tras la puesta en marcha -explicada por su titular, Bibiana Aído- de un Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

«No puede ser que en España una mujer tenga dificultades para interrumpir su embarazo o que el tratamiento que reciba sea distinto en función de la comunidad en la que resida», añadió la ministra.

Aído indicó que este grupo, con un «alto nivel científico e intelectual», elaborará el texto del Proyecto de Ley en seis meses y, posteriormente, será enviado al Parlamento para su aprobación.

Asimismo, explicó que, simultáneamente, en una subcomisión del Congreso de los Diputados, dependiente de la Comisión de Igualdad, trabajarán los grupos parlamentarios para debatir la «nueva» ley. Las conclusiones de esta subcomisión de la Cámara Baja, indicó la ministra de Igualdad, serán analizadas por el Comité de Expertos antes de que este envíe el Proyecto de Ley al Parlamento.

El Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo componen: José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Francisco Tonat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.