El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en su sesión de ayer -la última que celebran los actuales vocales antes de su inminente renovación-, dejar sin efecto la multa de 305 euros impuesta a la juez de Denia (Alicante) Laura Alabau por una falta grave de desconsideración, por sus criticas por escrito contra el Gobierno y la Fiscalía de Alicante, al sentirse 'perseguida' tras negarse a celebrar bodas entre homosexuales.
La magistrada acusó a estas dos instituciones por medio de un escrito dirigido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de haber sufrido «una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno» por su postura contraria a las bodas entre personas del mismo sexo. Fue sancionada por la Comisión Disciplinaria del Consejo el pasado mes de mayo.
Los votos de los nueve vocales integrados en la denominada 'mayoría conservadora' del órgano de Gobierno de los jueces, frente a los ocho votos de los 'progresistas' y del vocal independiente, Agustín Azparren, avalaron los argumentos del recurso presentado por la juez, al considerar que el contenido de sus escritos se ampara en la libertad de expresión, señalaron fuentes del Consejo.
Contra esta tesis se han pronunciado los vocales de la denominada 'minoría progresista', que anunciaron la presentación de un voto particular, informaron fuentes de este sector, al que se une otro voto discrepante del vocal designado por CiU Alfons López Tena. La votación se ha realizado en secreto, y para la estimación del recurso ha sido necesario el apoyo del presidente, Francisco José Hernando. Consideran los progresistas que el punto de vista avalado por el Pleno contradice la doctrina del Tribunal Constitucional en lo referido a los límites en la libertad de expresión de los jueces y supone la derogación de facto de las sanciones previstas para este tipo de conductas en el régimen disciplinario de los magistrados, según las fuentes.
El Consejo ya rechazó el pasado 5 de septiembre por mayoría el recurso presentado por Alabau, quien solicitó la retirada de la sanción alegando que la investigación contra ella había caducado al transcurrir los seis meses desde su inicio. Una vez descartada esta cuestión formal, el Pleno discutió ayer sobre el fondo del asunto, relativo al derecho de libre expresión de los jueces.
Por su parte, el vocal López Tena ya hizo ayer público su voto particular, en el que señala que los vocales designados por el PP y el propio Hernando han concluido su mandato «protegiendo a sus conmilitones de la Asociación Profesional de la Magistratura, como ya hicieron declarando culpable a un magistrado de la APM pero sancionándolo con 1.500 euros en el tristemente famoso y vergonzoso caso de Mari Luz, la niña violada y asesinada».
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