El Partido Popular anunció ayer que instará al Gobierno a que retire la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) «mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento de la Constitución», tras la reunión celebrada por la mañana entre los consejeros de Educación de las comunidades autónomas con gobiernos 'populares' (Castilla y León, Canarias, Rioja, Murcia, Madrid y Valencia) para analizar su estrategia frente a la materia.
Además, defendió «la no impartición» de los contenidos de la asignatura de EpC a los alumnos que no quieran cursarla, sin que esto perjudique su expediente, hasta que «haya pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo que unifique doctrina», algo que considera «imprescindible y urgente», ante la «pluralidad» de las sentencias al respecto.
El PP admitió haberse «manifestado contra la implantación de la asignatura y especialmente de su contenido por su carácter doctrinario e ideológico», ya que «pretende conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, atentando contra el derecho de los padres».
En ese sentido, los populares mantuvieron que su partido «ha defendido y defenderá la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, garantizada en la Constitución, y que por tanto, «respeta y apoya tanto a los padres que hayan ejercido el derecho de la Objeción de Conciencia como a los que no».
Por su parte, el Ministerio de Educación acusó al PP de «presionar» al Tribunal Supremo para que dicte sentencia en relación a la asignatura «mientras incumple la ley». «Ya no sólo escandaliza la falta de responsabilidad y de respeto del PP por las leyes y por la comunidad educativa, sino que ahora añade su desprecio por el sistema judicial», aseveró.
Así, con motivo de la reunión de los consejeros populares, con el objetivo de unificar criterios en relación a la asignatura, fuentes del departamento dirigido por Mercedes Cabrera advirtieron que al PP «ya no le basta con incumplir leyes aprobadas en el Parlamento, ni confundir a padres, profesores y alumnos, sino que obliga a sus gobiernos autonómicos a cambiar normas y organización de centros con el curso empezado».
El ministerio aseguró que el PP «prosigue con su intento de llevar la política a las aulas», para pedirle que «deje de interferir en la labor de los gobiernos regionales y en la educación de los jóvenes al servicio de sus intereses partidistas».
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