El Tribunal Supremo italiano autorizó ayer a suprimir la alimentación y la hidratación asistida que mantiene con vida a Eluana Englaro, de 37 años, quien se encuentra en estado de coma irreversible desde 1992, como pidió su padre en una larga batalla legal.
Con esta decisión del alto tribunal, que permite por primera vez en Italia facilitar la muerte a una persona en coma irreversible, se rechaza el recurso presentado por la Fiscalía de Milán contra la sentencia que lo había autorizado.
La Audiencia Provincial de Milán autorizó el pasado julio que se interrumpieran los tratamientos que mantienen viva a Eluana, tal y como demanda su padre, Beppino Englaro, que hace más de diez años insiste en los tribunales para que se deje morir a su hija, ante lo que considera un ensañamiento terapéutico.
«Esta sentencia es la confirmación de que vivimos en un Estado de derecho», afirmó el padre de Eluala Englaro tras conocer el fallo.
El tribunal milanés había tenido en cuenta para permitir suprimir la alimentación asistida las decenas de testimonios proporcionados por familiares y amigos.
Estos defendieron que la «extraordinaria visión de la vida» de Eluana era «irreconciliable» con la pérdida total e irreversible de las facultades psíquicas y con la supervivencia «sólo biológica de su cuerpo».
Ahora, según la voluntad de su padre, Eluana abandonará el instituto donde se encuentra asistida por algunas monjas desde el 7 de abril de 1994 y será trasladada a una clínica donde pasará las últimas horas de vida.
Tras la noticia se han desencadenado numerosas reacciones por parte del mundo político y de varios sectores de la sociedad, que en estos años de batalla legal se han mostrado divididos.
«El Supremo autoriza el primer homicidio de Estado en nombre del pueblo italiano», dijo el diputado de la Unión de Demócratas Cristianos y de Centro, Luca Volonte, quien criticó a los magistrados de «sentencias bárbaras y homicidas».
Para Marco Cappato, eurodiputado italiano por el Partido Radical, uno de los que más lucha por la introducción de la eutanasia, la sentencia «se limita a aplicar la Constitución», que prevé que «nadie sea obligado a un determinado tratamiento sanitario».
La senadora del partido gubernamental Pueblo de la Libertad, Laura Bianconi, mostró su pesar al saber que «Eluana morirá de hambre y de sed y sufriendo, sólo porque los jueces la han declarado indigna de vivir».
Sobre el caso se había expresado el Vaticano a través del presidente del Pontificio Consejo para la Salud, cardenal Javier Lozano Barragán, que calificó de «monstruosidad inhumana y un asesinato» la posibilidad de suspender la alimentación a Eluana.
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