El Gobierno aprueba la ley del aborto, que sitúa la mayoría de edad en 16 años

El Gobierno aprobó ayer la reforma del aborto, que sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

 

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que «derechos, garantía, seguridad y respeto son las claves de la nueva ley», que incorpora algunos cambios respecto al anteproyecto, siguiendo recomendaciones de algunos informes preceptivos, como el del Consejo de Estado.

 

El resultado, dijo, es una ley «sensata y ajustada a derecho que quiere dar respuesta sin dogmatismos a las carencias de la ley actual» y «que se ajusta a nuestra realidad social» porque ofrece seguridad a las mujeres en el ejercicio de un derecho y garantías a los profesionales de la sanidad que ahora «tendrán más claramente establecidos los supuestos y plazos de esta prestación».

 

Además, la norma, que «sintoniza más con las legislaciones europeas», incluye un conjunto de acciones y medidas en el ámbito sanitario y en el educativo porque, «que nadie lo dude: la voluntad del Gobierno prevenir los embarazos no deseados para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar».

 

El Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión, al menos tres días antes del aborto.

 

De manera excepcional, hasta la semana 22, la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.

 

En ambos casos, la decisión deberá ir acompañada de un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

 

La vicepresidenta puntualizó además que, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, el texto aprobado ayer establece que la vida prenatal «es un bien jurídico que merece una protección eficaz» pero que «se articula a través de la voluntad de las mujeres y no en contra».