El Parlamento Europeo y la presidencia sueca del Consejo de ministros de la UE cerraron en la madrugada de ayer un acuerdo sobre el paquete legislativo para reformar el mercado de las telecomunicaciones, tras salvar el escollo pendiente sobre las condiciones en las que se podrá restringir el acceso a internet.
El acuerdo aprobado por las autoridades administrativas de los Estados miembros incluye que se pueda cortar el acceso a internet sin orden judicial a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia (Ley Hadopi) o Reino Unido. En España, la legislación exige una autorización judicial previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.
Derechos de los internautas
El nuevo marco incluye también nuevos derechos para los consumidores, como la prohibición de contratos superiores a los dos años de duración o la obligación para las operadoras de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono en un plazo máximo de un día.
El compromiso fue posible después de que la Eurocámara diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente el acceso a internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27.
Pero en la fase final de las negociaciones, el Parlamento cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a internet.
A cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación. En él se afirma que las restricciones al acceso a internet «sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática». Tales medidas sólo podrán adoptarse «respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad» y como resultado de un «procedimiento previo, justo e imparcial» que garantice «el derecho a ser escuchado» y «el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno».
El eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras, que en su calidad de vicepresidente de la Eurocámara presidía la delegación negociadora, justificó el cambio de postura del Parlamento argumentando que los servicios jurídicos de las instituciones europeas habían dictaminado que la enmienda para prohibir el corte de internet sin autorización judicial excedía las competencias de la UE y habría sido anulada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
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