Twitter se retira del código de buenas prácticas en materia de desinformación de la UE

Creado en 2018, este código de buenas prácticas se aplica a una treintena de empresas dedicadas a los servicios digitales, entre las que se encuentran gigantes tecnológicos como Meta, Mozilla, Google, Microsoft y TikTok.

Estas firmaron un escrito en el que ratificaron su compromiso para para combatir la desinformación en línea y acabar tanto con fuentes de noticias que promovieran información falsa, como con la publicidad engañosa y no verificada.

A pesar de que el actual CEO de Twitter, Elon Musk, adquirió la red social con el objetivo de promover «la libertad de expresión», ha dado muestras de no querer continuar con el código firmado por sus antecesores en la dirección de la red social.

Es más, en noviembre del año pasado cerró la oficina de Twitter en Bruselas, clave para la adopción de las normas y cambios regulatorios de la UE en lo concerniente al discurso del odio y la desinformación.

Una de esas normativas es la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor ese mismo mes, que es de obligado cumplimiento para las plataformas 'online' y que busca "limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos en línea".

Esta propuesta se lleva a cabo «para aumentar la protección de los menores y ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información», tal y como explicó la Comisión Europea en su documento de presentación.

A esta norma se ha referido el comisario responsable del Mercado Interior de Industria Thierry Breton a través de Twitter, donde ha comentado que esta red social ha abandonado este "código de prácticas voluntario de la UE contra la desinformación".

No obstante, Breton ha insistido en que «las obligaciones permanecen» y ha matizado que "la desinformación será obligatoria a bajo la Ley de Servicios Digitales a partir del 25 de agosto", por lo que Twitter deberá rendir sus correspondientes cuentas con la UE.

Esta normativa especifica que «las plataformas deben mitigar riesgos como la desinformación o la manipulación electoral, la violencia cibernética contra las mujeres o los daños a menores 'online'» y advierte de que, en caso de incumplirla, se puede imponer una multa de hasta el 6 por ciento de la facturación global anual de este proveedor de servicios.

Además, "las plataformas deshonestas que se nieguen a cumplir con obligaciones importantes y, por tanto, pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas", podrán ser suspendidas temporalmente, en última instancia.