EditorialPalma23/08/21 8:00
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Durante el último año, el precio de la electricidad, del gas y de otros carburantes ha aumentado en España un 23,6 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística. Y siendo relevante este dato, en 2021 ha sido mayor porque en mayo y junio el precio de los combustibles ha crecido un 27,5 por ciento respecto a 2020, mientras que en abril el alza fue del 26,2 por ciento. Estas subidas, que suponen los mayores incrementos anuales en el registro histórico de los precios de estos productos –iniciado en 2002–, ponen en riesgo la recuperación de Balears. Lo advierten las organizaciones empresariales y economistas de prestigio como Antoni Riera, Luis García Langa y Pau Monserrat. Coinciden al apuntar la inflación como una amenaza para reactivar la actividad económica en el Archipiélago. Al mismo tiempo, los analistas recortan sus previsiones al temer que la variante delta de la pandemia, al propagarse con mayor rapidez, actúe como freno al impactar sobre el crecimiento y provocar la inflación.

Agilizar la implantación de las renovables.

Estas tensiones inflacionistas no pueden ser controladas desde Baleares, donde la insularidad –que debería ser compensada por el nuevo Régimen Especial aprobado en febrero de 2019 pero sigue sin ser aplicado– aumenta los costes energéticos. En esta materia, la única opción para bajar los precios de la electricidad consiste en agilizar la implantación de las renovables y reducir la dependencia del petróleo.

Repercute en las empresas y las familias.

No sólo las empresas repercutirán el incremento de los costes energéticos en sus productos y servicios. También las economías familiares de Baleares sufren los efectos del mayor coste de la energía, que el Gobierno es incapaz de controlar. Somos la comunidad que más ha sufrido las consecuencias sociales y económicas del coronavirus, con la mayor bajada del PIB regional. No tenemos por qué ser la autonomía donde más aumente el precio de la energía.