En el año 2018, algún propietario molesto por el tránsito de personas frente a su vivienda en Portals Nous tuvo la idea de encementar la franja de costa entre su propiedad y el mar para instalar piedras puntiagudas que evitaran los paseos. Desde entonces, la gente no puede hacer uso de su derecho a transitar por esta zona del dominio público marítimo terrestre sin arriesgar su integridad física en caso de caída. Se trata de una ilegalidad en toda regla denunciada entonces por este periódico y por el Ajuntament de Calvià ante quien tiene la competencia en este tipo de desaguisados: la Demarcación de Costas, que depende del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico.
Trabajo omitido.
En todo ese tiempo, tres años, la Dirección General de la Costa y el Mar, que dice tener como principal objetivo «proteger el medio ambiente costero y marino y garantizar su uso libre, público y gratuito», no ha hecho nada. Así, ha permitido la caducidad de la denuncia y el archivo del procedimiento, con lo que las piedras seguirán allí hasta que alguien vuelva a quejarse oficialmente. Y es que este organismo, dependiente la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no actúa de oficio, según explicaron ayer sus fuentes a este periódico.
Un peligro.
Todos los calificativos ante esta dejación de funciones de la Demarcación de Costas serían pocos. O faltan recursos en un Ministerio de nombre tan rimbombante o en sus oficinas campan políticos y funcionarios con muy escasa dedicación al trabajo. No es imaginable una práctica supuestamente prevaricadora para favorecer a quien viola la ley encementando suelo público. Sea lo que sea, que las competencias sobre la costa de Balears y del resto del Estado dependan de un organismo con esta escasa capacidad para hacer su trabajo plantea un peligro para el ejercicio de los derechos cívicos y el buen uso del medio ambiente.
2 comentarios
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La pasividad mallorquina en todo su esplendor.
Debería poder sancionarse, no a los organismos, si no a las personas de estos organismos públicos que por digamos, su mal proceder, no cumplen con lo que son sus obligaciones... no hay derecho y, encima, les pagamos nosotros la nómina.