EditorialPalma13/12/21 7:57
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La financiación autonómica en vigor, que se aprobó en 2009, caducó el 2014. Las comunidades más perjudicadas por el actual sistema, entre ellas Baleares, vienen reclamando su reforma. Siete años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a las autonomías una extensa propuesta de 240 páginas para fijar las bases de un nuevo reparto que incluye la revisión del criterio de población ajustada e incrementa la cuantía del gasto en sanidad y educación. Los gobiernos regionales han recibido con diversidad de opiniones esta propuesta inicial. Así, Catalunya manifiesta severas reticencias; las autonomías gobernadas por el PSOE expresan un mayor optimismo, mientras que las del PP la han acogido con varios recelos y denuncian la falta de criterios relevantes para configurar la nueva financiación. El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), advierte que «el proceso no será fácil ni feliz»; y el presidente de Galicia, Núñez Feijóo (PP), critica que el borrador incluya «trajes a medida de algunas comunidades».

Responsabilidad fiscal

El proyecto del Gobierno rechaza compensar la población flotante, tal como reclama la presidenta Francina Armengol en respuesta las reivindicaciones de ocho autonomías de la España vaciada, seis de ellas gobernadas por el PSOE. A pesar de que los turistas no contarán para obtener más recursos, el Govern valora la propuesta de población ajustada como «un primer paso» para debatir el futuro sistema de financiación, en el que Baleares propugna mayor responsabilidad fiscal de las comunidades.

Sobrecostes, insularidad y recursos

Baleares, que acumula una deuda de 9.359 millones de euros al ser una comunidad mal financiada, se juega mucho con esta reforma. Es preciso argumentar los sobrecostes que soportamos, no sólo por la insularidad, sino por una falta de recursos que se ha ido acentuando y nos sitúa en situación de inferioridad y de desequilibrio que se debe corregir sin más demora.