El acuerdo final del primer convenio colectivo para los trabajadores de las residencias de la tercera edad privadas de Balears, suscrito por empresarios y sindicatos con la mediación del Govern, supondrá un enorme salto salarial en los próximos cuatro años: el 41,2 por ciento de incremento entre otras mejoras laborales. Se considera que el nuevo marco de relaciones debe servir de ejemplo para todo el sector en el conjunto del Estado. El resultado final de las negociaciones ha sido propiciado por la necesidad perentoria de las empresas de frenar la fuga de trabajadores a otros sectores con sueldos más atractivos y mejores condiciones.
Avances sociales imprescindibles.
Lo que viene ocurriendo en las residencias de la tercera edad es equiparable a otras actividades del sector servicios, como la hostelería y la restauración. Las demandas de una mejor calidad es incompatible con una remuneración insuficiente del personal, que en el caso de las residencias conlleva una responsabilidad suplementaria. Da la impresión que la patronal ha tomado conciencia de que no puede perpetuarse una situación de precariedad e inestabilidad laboral en unas tareas que exigen cada vez más preparación, además del deber de cumplir con unas ratios de asistencia.
Las consecuencias.
Este nuevo escenario de retribuciones conlleva, y justo es reseñarlo, las lógicas consecuencias en la cuenta de resultado de las empresas que explotan las residencias de la tercera edad; un segmento con una demanda creciente que el sector público no está en condiciones de asumir en solitario. El fuerte incremento salarial pactado tendrá, como es lógico, su correspondiente impacto en las cuotas mensuales de los usuarios; muy elevadas con respecto a las pensiones medias a pesar de las ayudas públicas. La preocupación es lógica, tanto de usuarios como de sus familiares. El acceso a las residencias no puede quedar reservado a una élite.
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