EditorialPalma27/04/23 0:29
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Las patronales vinculadas al sector inmobiliario de Baleares lanzaron este miércoles una advertencia sobre el serio problema de acceso a una vivienda asequible, el cual requiere –según sus cálculos– de alrededor de 20.000 unidades para poder paliar el déficit ya acumulado. Esta cuestión, que figura desde hace tiempo como una de las preocupaciones prioritarias de la ciudadanía, lleva camino de acabar generando serios conflictos como consecuencia de unos precios inasumibles para las economías medias en las Islas. Las propuestas empresariales para poder abordar la situación con garantías pasan por el abaratamiento del suelo, incremento de la edificabilidad y rebajas fiscales; medidas todas ellas que requieren de la implicación de las instituciones.

Abaratar costes.

Para los empresarios del sector, la construcción de viviendas asequibles pasa por abaratar los costes; en especial en lo que se refiere al del suelo. En este sentido reclaman de la Administración una oferta de terreno urbanizable para poder escapar del proceso especulativo que impera en el mercado inmobiliario, una pretensión que choca con las propias exigencias legales a las que debe someterse el Ministerio de Defensa; obligado a la venta de sus inmuebles y descartando la cesión. No resulta sencillo romper la cadena de intereses que confluyen en la construcción de viviendas, aunque sea con fines sociales.

Fiscalidad y burocracia excesiva.

La emergencia habitacional en la que está inmersa Balears requiere, sin duda, la adopción de medidas urgentes y extraordinarias. Junto con el control que garantice un precio final ajustado, cuestión no siempre resuelta en la vivienda social, resulta evidente que la Administración –en todos sus niveles– debe flexibilizar la presión fiscal y, por supuesto, agilizar la obtención de licencias y permisos. Es preciso cambiar los actuales márgenes de intervención si de verdad se quiere atajar el problema.