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Han sido suficientes unas pocas semanas de la puesta en marcha de la Operación Verano de la Policía Nacional en Palma para que se haya disparado la cifra de detenidos, alrededor de medio centenar. El campo de operaciones es ya sabido: las zonas turísticas más concurridas y el aeropuerto de Son Sant Joan. Son enclaves en los que carteristas y descuideros aprovechan cualquier oportunidad para lograr su botín. Los primeros resultados confirman la necesidad de este despliegue policial, que debería tener su réplica en muchos otros municipios de las Islas que durante la temporada multiplican su población y, también, la conflictividad –en la mayoría de los casos– de baja intensidad; pero no por ello menos importante.

Mala imagen.

Zonas como la Platja de Palma o el aeropuerto concentran buena parte de la actividad de estos delincuentes. La circunstancia se repite año tras año sin que se haya logrado encontrar una solución eficaz al problema; sólo se aplica el lógico despliegue policial. Desde hace unos años, la acción de los delincuentes se amplía más y más. De no atajarse, puede acabar erosionando uno de los pilares del éxito turístico de Balears: la seguridad. Barcelona podría ser el ejemplo a evitar, pero para ello son necesarios refuerzos policiales –incluyendo a las policía locales y la Guardia Civil– y un marco jurídico más contundente con este tipo de comportamientos.

Desmontar la organización.

La acción de los delincuentes está cada vez más organizada y su neutralización requiere de acciones no sólo coyunturales, imprescindibles siempre, sino de una investigación profunda que permita desactivar a los capos. Las acciones de estos cacos tienen un enorme efecto de capilaridad social negativa en los mercados de origen. La cuestión obliga a la implicación de todos los estamentos en la búsqueda de soluciones eficaces.