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Algunas de los planteamientos programáticos que Vox quiere imponer para condicionar la formación de algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el de Baleares, carecen del mínimo rigor exigible a un partido que ha experimentado un notable crecimiento electoral. Reducir la violencia de género al ámbito intrafamiliar, cuestionar el derecho al aborto o los derechos del colectivo LGTBI junto con cuestiones como el negacionismo del cambio climático son postulados que sitúan a la formación que lidera Santiago Abascal en la radicalidad y el populismo más exacerbado. Aquí, en las Islas, se trata de aventar la polémica y el enfrentamiento por la cuestión lingüística o el vaciado de competencias transferidas a la Comunitat Autònoma.

El complejo equilibrio del PP.

La rapidez con la que se firmó el acuerdo de gobernabilidad en la Comunitat Valenciana para desalojar a la izquierda generó una dinámica que ha alterado los esquemas, Vox se envalentona ante un PP que da la impresión que se ve obligado a trabajar a contrapié. La excepción podría ser, de momento, la situación por el control de la Junta de Extremadura y la candidata del PP, María Guardiola, que se ha plantado en su negativa a dar entrada a la ultraderecha en su futuro gobierno a pesar del riesgo a la convocatoria de unas nuevas elecciones. Alberto Núñez Feijóo puede acabar sufriendo las consecuencias de esta situación en los comicios del 23-J.

El caso balear.

El preacuerdo firmado entre PP y Vox, además del apoyo al candidato Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, deberían allanar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern. La cuestión de fondo es si la ausencia de Vox en el Consell de Govern garantiza el ejercicio de los derechos sociales logrados en los últimos años, la defensa de la lengua catalana en todos los ámbitos y las cotas de autogobierno logradas en Balears. Estas son las líneas infranqueables.