EditorialPalma21/07/23 0:29
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El Govern ha decidido llevar ante la Fiscalía el expediente de compra de 88 viviendas de Metrovacesa, una operación que se cerró pocos días antes de las pasadas elecciones del 28 de mayo por el anterior gobierno progresista, presidido por la socialista Francina Armengol. Los nuevos gestores han encontrado, en su opinión, serias deficiencias en la operación –que se encuentra paralizada por orden judicial a instancias de la propia promotora– hasta el punto que consideran que debe ser el Ministerio Público el que debe analizar la documentación y evaluar la posibilidad de investigar las eventuales responsabilidades administrativas y penales. Mercedes Garrido, diputada y portavoz socialista en el Parlament, defiende la limpieza e idoneidad del acuerdo y acusa al Govern conservador de actuar con criterios políticos y contra la accesibilidad a una vivienda digna de las capas sociales más desfavorecidas.

Alquiler social.

El Govern anterior ejerció su derecho de tanteo y retracto sobre los bloques de viviendas en la zona de Nou Llevant para destinarlas a alquiler social, medida con la que se pretendía incidir a la baja en los precios de los alquileres en la zona. La documentación a la que ha tenido acceso este diario avala en parte la tesis de la consellera ‘popular' Marta Vidal. Existe un documento que cuestionaba la ‘operación Metrovacesa' por el alto precio de compra, pero también es cierto que otro informe técnico sostiene que la pérdida era mínima si las viviendas se ponían en alquiler.

Un tiempo electoral.

No hay duda de que es preciso garantizar la limpieza de cualquier expediente, y en especial cuando se trata de iniciativas de envergadura. No obstante, sorprende que el Govern no se haya querido apoyar en sus propios servicios de la Abogacía e Intervención para, llegado el caso, redactar la pertinente denuncia ante la Fiscalía y ha preferido dejar en sus manos la decisión final sobre el futuro de este caso.