Esta semana se ha retomado, tras el parón vacacional, la segunda parte del juicio contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, por gravísimos delitos durante la instrucción del ‘caso Cursach'. Tres de los testigos y víctimas de esta trama, el ingeniero municipal y abogado Pedro Torres, el ex número dos del Grupo Cursach, Bartomeu Sbert, el expolítico Álvaro Gijón y su padre, han relatado ante el tribunal las brutales presiones que sufrieron por parte de los investigadores, que el segundo de ellos ha calificado de auténticas «torturas».
Las grabaciones de Subirán.
Además, Sbert sacó a colación un alarmante tema que preocupa a gran parte de los afectados por el ‘caso Cursach': las grabaciones que Subirán posee de fiscales, policías y miembros del estamento judicial. Es un hecho constatado que, tras su caída en desgracia, el exfiscal se dedicó a grabar a traición numerosas conversaciones de carácter privado con personas de su entorno. El contenido de muchas de esas charlas íntimas no ha trascendido, pero el propio acusado aportó algunas de ella y advirtió que tenía muchas otras, que no se habían hecho públicas. Un peligroso aviso a navegantes, a modo de amenaza, que no se puede tolerar.
La constatación de un desastre.
Al margen de cuales sean las conclusiones del tribunal que juzga a Penalva, Subirán y el Grupo de Blanqueo, las declaraciones de los numerosos testigos que han pasado por la sala de sa Gerreria evidencian, sin género de dudas, que la larguísima instrucción judicial fue un auténtico desastre y se vulneraron los derechos de los acusados. Y que esa misma macrocausa fue amparada por instancias judiciales superiores, lo cual debería ser motivo de una profunda y seria reflexión sobre lo que ocurrió en Mallorca en aquellos años, no tan lejanos, donde un juez y un fiscal pisotearon de forma cruel y continuada la dignidad de los imputados.
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