La magistrada que presidió el juicio con jurado popular a Pau Rigo, acusado de la muerte de uno de los ladrones de su casa, ha ordenado la repetición del juicio como solución al grave error que supuso dar por bueno un veredicto que no cumplía con las mayorías que exige la ley para una condena. El auto asume que el desaguisado no tiene arreglo posible y plantea otro juicio para solucionarlo. De paso, lamenta los perjuicios ocasionados a las partes –que son evidentes–, como también el daño al prestigio de los tribunales de las Islas.
Caso sensible.
El error se ha producido en uno de los casos más sensibles que se han puesto en manos de un jurado en Balears durante los últimos años y el fallo no ha sido culpa de los ciudadanos sino de los profesionales. El cuestionario que la magistrada planteó a los jurados para que establecieran lo ocurrido era confuso e incompleto. Aún sin el grave error con las mayorías, provocaba problemas de interpretación y serias dudas sobre si hubiera pasado el filtro en apelaciones posteriores. El auto dictado ayer descarta una absolución de Rigo porque con ese veredicto es imposible saber qué pensaban en realidad los nueve miembros del jurado. Tendrán que ser otros ciudadanos quienes lo establezcan.
Máximas garantías.
El nuevo juicio a Rigo y al resto de acusados plantea un desafío. Lo ocurrido con el veredicto ha aumentado la polarización en torno al caso y generalizado el debate por lo que una posible contaminación de los miembros del futuro jurado es incuestionable. La selección de los mismos deberá ser exquisita. El proceso debe garantizar al máximo los derechos en juego; por supuesto, los de Rigo con todos los posibles matices que existen en su comportamiento a la hora de disparar contra quien asaltó su casa en dos ocasiones. Sin embargo, también están en juego los de la familia de Mauricio Escobar, el fallecido en el asalto a la casa de Porreres.
