EditorialPalma20/10/23 0:29
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La tragedia del doble atropello de Llubí por parte de una conductora drogada, y que ha costado la vida a una niña de cuatro años y ha dejado al borde de la muerte a su madre, ha conmocionado aquella pequeña localidad mallorquina y también al resto de la Isla. Se trata de una auténtico drama, pero por desgracia no es el primero que se registra en nuestras carreteras. De hecho, en los últimos años la cárcel de Palma ha registrado un aumento vertiginoso de reclusos que ingresan –la mayoría por poco tiempo– por motivos de accidentes de tráfico. Sin embargo, no hay que obviar una realidad: las penas contra los conductores bebidos o drogados que causan siniestros mortales son muy bajas y la ciudadanía no entiende esta permisividad, que además causa una gran alarma social.

No es un caso aislado.

Todavía tenemos en la memoria casos como el de Paula Fornés, la adolescente atropellada mortalmente en sa Ràpita por una conductora polaca que iba bebida y a la que le habían retirado el carnet. O el de Biel Llull, el policía local de Palma que iba en bici con su hijo por Sineu y fue arrollado con consecuencias fatales por una francesa que conducía también bajo los efectos del alcohol. Son solo dos ejemplos, peor hay muchos más. Dramas que destrozan a familias enteras y que deben ser castigados por la Justicia con la máxima dureza posible. Hace unos días, sin ir más lejos, otro conductor bebido que causó un siniestro mortal en Palma fue absuelto, lo que causó la lógica indignación.

Concienciar no basta.

Parece claro, pues, que las campañas de concienciación no bastan para prevenir a muchos conductores, que se ponen al volante con unas copas de más o tras haber consumido marihuana o cocaína. No puede ser que un accidente mortal se salde con un año de cárcel por homicidio imprudente. La sociedad no lo entiende y, además, lanza un mensaje de cierta impunidad para los infractores. Endurecer las penas se antoja una urgencia.