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El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha ordenado que la jueza decida si Pau Rigo, el jubilado que en 2018 mató de un disparo a uno de los ladrones que entró en su finca de Porreres, es culpable o no del crimen. Es el penúltimo giro de tuerca en el lío monumental que se ha convertido el proceso contra el anciano mallorquín, después de que la magistrada declarara nulo el veredicto del jurado popular y señalara que no cabía recurso contra su resolución. El caso de Pau Rigo ha sido uno de los más polémicos de los últimos años y miles de personas se movilizaron en internet para pedir su absolución, al entender que el hombre había actuado en legítima defensa para defenderse de los delincuentes. La familia del fallecido, en cambio, siempre sostuvo que fue tiroteado cuando ya salía de la finca y de forma gratuita.

El tribunal revoca la nulidad.

Ahora, el tribunal ha revocado la nulidad que había decretado la magistrada sobre el veredicto, pero en lugar de celebrarse un nuevo juicio, el TSJIB ordena a la jueza a dictar sentencia. Hay que recordar que el mismo objeto del veredicto declaraba por unanimidad que no era culpable de haber dado muerte al asaltante de forma dolosa. La pifia en el número de votos de los nueve miembros del jurado, que no fue advertida cuando se emitía el veredicto, ha condicionado un caso cuya resolución se antoja compleja y lenta.

Reconducir la situación.

Sea como fuere, es evidente que todo este asunto daña la imagen de la Justicia, que se metió en un lío mayúsculo por un fiasco judicial sin precedentes y ahora no encuentra la hoja de ruta para reconducir la situación. Es un debate meramente procesal para solucionar un fallo garrafal, pero las connotaciones derivadas de este asunto superan el ámbito estrictamente judicial. En definitiva, parece más que evidente que el polémico juicio contra el jubilado mallorquín acabará en el Supremo.