EditorialPalma16/12/23 0:29
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La okupación puede tener muchas caras. La historia de dos familias –entre las que se encuentra un niño de solo dos años y medio– que encontraron refugio en el edificio del antiguo Centro de Educación para Adultos La Balanguera, ubicado en la calle Rafael Rodríguez Méndez, de Palma, y que estaba cerrado, así lo corrobora. Los nuevos inquilinos, que no han protagonizado ningún incidente durante todo el tiempo que han habitado en el inmueble estatal clausurado, se enfrentan ahora a una orden de desalojo que impulsa el Ajuntament y que supone su desahucio más o menos inminente. Es una muestra de la crisis habitacional y de los precios desbordados de los alquileres en Mallorca, que excluye a muchas familias con escasos recursos económicos y les obliga a okupar edificios, para no dormir en la calle. Por supuesto, no es admisible ocupar propiedades ajenas, pero hay que diferenciar entre delincuentes que no quieren pagar alquileres y causan daños intencionados y familias desesperadas, sin prácticamente opciones.

Ayudas de las instituciones.

Las instituciones públicas deberían volcarse en ese segundo colectivo para garantizar una vivienda digna y, en especial, velar por el bienestar de los menores. Carecer de vivienda es un drama que solo los que lo han padecido saben las consecuencias devastadoras que conlleva. Y es una problemática que tiende a agravarse en Mallorca, y también en Eivissa, como consecuencia de los precios desbordados y de las circunstancias del mercado inmobiliario.

Mano dura con los delincuentes.

Con todo, también hay que abogar por una respuesta contundente contra los delincuentes que entran por la fuerza en pisos o casas. Las okupan a pesar de que podrían hacer frente a un alquiler y, además, suponen un calvario para los legítimos propietarios, que deben resignarse ante la idea de que su vivienda ha sido okupada y, con toda seguridad, la recuperación será lenta y costosa, por no hablar de los daños materiales que sufrirá el inmueble.