EditorialPalma30/12/23 0:29
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En la edición de este viernes informamos en primicia que una mafia de okupas se ha apoderado del antiguo cuartel de Son Busquets, en la carretera de Valldemossa, en Palma, y que cobra cincuenta euros mensuales a toxicómanos y personas sin recursos para alquilarles una pequeña habitación. Pues bien, como era de esperar, la reacción vecinal no se ha hecho esperar y hoy mismo publicamos que los residentes están indignados y también temerosos de que la situación degenere en un nuevo Son Banya. Con razón, los vecinos creen que si las Administraciones no actúan con celeridad aquel recinto de grandes dimensiones será una especie de Sodoma y Gomorra, fuera de control. Es una situación gravísima que se veía venir desde hace tiempo, cuando desapareció la seguridad privada que controlaba el perímetro.

El Gobierno, responsable.

En el caso de Son Busquets, toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo recae en el Gobierno central, que debía construir viviendas sociales en el antiguo cuartel militar. La demora en la ejecución del proyecto ha derivado en una okupación parcial de los terrenos, pero todo indica que en breve otros intrusos se apoderarán de las estancias que todavía quedan indemnes. Con todo Son Busquets en poder de mafias de okupas es fácil aventurar qué pasará: peleas, agresiones, robos y una inseguridad creciente que se puede apoderar del barrio. Como es lógico, los vecinos están en pie de guerra y piensan plantar cara a la Administración.

La burocracia, siempre.

La lentitud gubernativa que ha permitido el desastre de Son Busquets tiene, aquí, nombres y apellidos. Los vecinos apuntan a la exdelegada del Gobierno, Aina Calvo, que según han explicado les prometió que antes de diciembre la situación estaría arreglada. En realidad, durante este tiempo la burocracia ha paralizado el nuevo proyecto y ha permitido la instalación de la mafia de okupas. El siguiente paso puede ser meter allí menores para evitar el desalojo.