EditorialPalma10/01/24 0:35
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Patronales y sindicatos de Balears rechazan las autobajas laborales de tres días que había propuesto la ministra de Sanidad, Mónica García y que está generando un profundo debate. De hecho, durante las últimas horas, el propio ministerio anunció el aplazamiento de una iniciativa que contaba con el respaldo de los médicos de Atención Primaria, a través de la Societat Balear de Medicina de Família i Comunitària. Se trata de que sean los propios pacientes quienes, mediante una declaración responsable, tramiten la baja médica cuando detecten síntomas de infección respiratoria. PIME-Mallorca califica esta iniciativa -ahora aparcada- de «mecanismo muy nocivo» al dejar la tramitación de las bajas en manos de los empleados; CCOO no comprende su «premura, urgencia y sentido», además de tildarla de «absolutamente injustificada»; y CAEB denuncia que «se carga sobre los empresarios el coste de esta supuesta solución».

Clamor de los médicos de Primaria

En cambio, los médicos de familia de las Islas, en la misma línea de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, destacan que ayudará a descongestionar y aliviar la tensión en los centros de salud y recuerda que España es uno de los países con menos ILT (Incapacidad Laboral Transitoria). Las autobajas no dependen únicamente del Ministerio de Sanidad al entrar en al ámbito de competencias de la Seguridad Social, cuyos responsables han evitado pronunciarse. Pero esta medida constituye una antigua reivindicación de los médicos de Primaria, que ahora, ante la nueva epidemia de gripe, han convertido en un clamor. Reclaman agilizar un mecanismo que es administrativo y sobrecarga el sistema.

Diálogo para concretar la articulación

Se trata de concretar la articulación legal para amparar una petición que tiene sentido para descongestionar la Atención Primaria, y también porque los tres primeros días de baja no se cobran, excepto pacto contrario, por lo que no implicaría un mayor coste a las empresas privadas ni a la arcas públicas. Una medida de esta naturaleza ha de ser fruto del diálogo y del acuerdo del Gobierno con los agentes sociales.