El Govern no puede privilegiar a los infractores

Fines ambientales.

De igual manera, el dinero recaudado de estos propietarios infractores irá destinado a fines ambientales y a la construcción de vivienda pública. Este dato es especialmente significativo porque la crisis habitacional que padece Baleares, con un mercado inmobiliario convulsionado y con unos precios desorbitados, requiere de medidas urgentes para tratar de paliar esta problemática, que hace unos años solo se daba en Eivissa y Formentera pero ahora también afectada de lleno a Mallorca y, en menor medida, a Menorca.

Que no sean luego un negocio.

Llegados a este punto, es vital dejar muy claro que estas viviendas que se acojan a la legalización previo pago de una cuantiosa multa no pueden ser destinadas, una vez ‘blanqueada' su situación urbanística, al alquiler turístico o a cualquier otro tipo de negocio. Sería un grave error de la Administración permitir que estas casas o fincas, que en su día incumplieron la normativa urbanística en vigor, pudieran proporcionar después pingües ingresos económicos a sus propietarios. El control sobre estas propiedades, pues, debe ser estricto.