EditorialPalma29/05/24 0:30
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El Govern Prohens publicó este martes el decreto de simplificación administrativa que modifica aspectos sustanciales de medio centenar de leyes que habían entrado en vigor estos últimos años en Balears. Incorpora cambios relevantes, como la supresión de la Comissió Balear de Medi Ambient, el precinto de pisos destinados al alquiler turístico ilegal, nuevos chiringuitos en la zona de servidumbre marítimo-terrestre sin legalizar los afectados por la ley de costas y abre la puerta a regular centenares de construcciones en suelo rústico y cuyas infracciones han prescrito. Los propietarios deberán abonar una contraprestación económica a los ayuntamientos y no podrán destinar las casas al alquiler turístico. El laberinto de leyes, normas, reglamentos y planes genera inseguridad jurídica, retrasa las tramitaciones y crea confusión entre técnicos, promotores y propietarios. El ciudadano no entiende que, al tomar posesión el actual Govern, hubiera 13.000 expedientes de subvenciones en materia de energía, más de 4.000 de recursos hídricos y 2.000 de Costas sin tramitar.

Agilizar con controles y garantías.

El Govern debe agilizar la elaboración de los informes medioambientales, tal como reclaman arquitectos, empresarios y promotores, pero, al mismo tiempo, ha de mantener los controles y las garantías. Pero su redacción no puede eternizarse en una sucesión de comisiones, subcomisiones y organismos externos. También ha de preservar los mecanismos de participación.

Cambios relevantes y sustanciales.

El decreto es una enmienda a gran parte de la legislación balear aprobada durante los 40 años de autonomía. Modifica, de manera parcial o sustancial, leyes como las de Conservación de la Naturaleza, estudio de impacto ambiental, Educación, Residuos, Carreteras, Suelo Rústico, Puertos y Ley Agraria. Es una apuesta arriesgada del Govern, cuyos resultados se conocerán en los próximos meses.