EditorialPalma16/06/24 0:30
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Los ciberdelincuentes, tal y como habían amenazado si no cobraban un rescate, han publicado en la Dark Web (internet oscuro) los datos de miles de particulares, funcionarios y usuarios del Ajuntament de Calvià, que robaron el pasado 13 de enero tras un ataque al sistema informático del consistorio. No se trata de un asunto baladí porque    esa información es sensible y puede ser utilizada con fines delictivos por los internautas que navegan por la Dark Web, muchos de los cuales son pederastas, ladrones internacionales y estafadores en serie. El Ajuntament ha anunciado que denunciará a quien comparta información confidencial, pero no parece que esa advertencia vaya a contener las ansias delictivas. La Guardia Civil, a través de sus equipos de expertos informáticos, también tomó cartas en el asunto, pero no hay avances en el caso de los datos sustraídos por el grupo internacional Lockbit 3.0.

El peligro de nuevos ataques.

Sin duda, se ha tratado de un asunto puntual, pero ha sido al mismo tiempo un aviso a navegantes. Los ciberdelincuentes tienen capacidad informática para acceder a casi cualquier sistema operativo y pueden hackear redes informáticas de la Administración si se lo proponen. El Gobierno, en consecuencia, debería afrontar esta brecha de seguridad como una emergencia y destinar todos los recursos para que los piratas informáticos no puedan acceder a los datos privados de miles de ciudadanos.

No a los rescates.

Como ocurre con los secuestros, los responsables policiales recomiendan no pagar los rescates que solicitan los ciberdelincuentes, aunque hay constancia de que muchas empresas lo hacen, para evitar desprestigio y que trascienda a la opinión pública. Sin embargo, con esos beneficios que obtienen pueden seguir financiando sus oscuras actividades. Y buscar nuevas víctimas, privadas o públicas.