EditorialPalma12/07/24 0:30
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El Ajuntament de Palma precintó ayer la pizzería Laguna Playa, colindante con el restaurante Medusa Beach, que se derrumbó a finales de mayo causando la muerte de cuatro personas, y que es propiedad del mismo empresario que poseía el local siniestrado. El motivo de la clausura es que el establecimiento del número 35 de la calle Cartago, en la Platja de Palma, no había solucionado unas deficiencias técnicas que fueron detectadas en la Inspección Técnica del Edificio (ITE) del año 2014. Sin duda, llama poderosamente la atención que durante una década los propietarios no hayan solventado los problemas en el inmueble y, sobre todo, que después de la tragedia vivida hace un mes y medio lo hayan abierto al público a pesar de la dramática experiencia de su otro negocio vecino. El Medusa Beach, como se recordará, colapsó porque había un exceso de peso y la terraza era ilegal. Así pues, la reacción del Consistorio municipal ha sido rápida y ha lanzado un aviso a navegantes: cualquier local que funcione sin las licencias en vigor será cerrado ipso facto.

Investigación en curso.

El caso del Medusa Beach está siendo investigado por el Grupo de Homicidios de la Jefatura de Policía, que días atrás detuvo al dueño, el empresario Christian Arnsteiner, que después quedó en libertad con cargos, a la espera de que se celebre el juicio contra él. El hombre, casi con seguridad, se enfrentará a una petición de muchos años de cárcel y una indemnización millonaria por los muertos y heridos.

Incrementar los controles.

Durante años, en la Platja de Palma se han permitido excesos y aberraciones urbanísticas. El derrumbe del Medusa ha supuesto un punto de inflexión y las autoridades deben incrementar los controles municipales para detectar y sancionar duramente a los empresarios que abren negocios sin las preceptivas licencias. La impunidad no se puede tolerar nunca más.