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El trágico atropello mortal de un joven mallorquín de 20 años en Cala Bona, por parte de un yate alemán cuyo patrón ha sido inculpado por homicidio imprudente, ha puesto de manifiesto las gravísimas carencias de seguridad en puertos, playas y costa balear. El Govern ha reconocido que solo cuenta con dos inspectores para controlar todos los puertos y embarcaciones del archipiélago, lo que a todas luces es algo del todo insuficiente. El Ejecutivo ya se ha comprometido a reforzar esa escasa plantilla, pero también es necesario que la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias policiales en materia marítima, cuente con más medios humanos y técnicos para perseguir y sancionar a los infractores. El Servicio Marítimo de la Comandancia palmesana se enfrenta, también, a otra acuciante problemática: la llegada continua de pateras a la costa mallorquina, a Cabrera y también a Formentera. Demasiados frentes abiertos para una dotación con medios limitados.

Numerosos incidentes.

Los meses de verano, y en especial este agosto que está acabando, se saldan siempre con multitud de incidentes en la costa y en las playas: desde ahogamientos, a denuncias por velocidades temerarias de motos acuáticas o yates que entran en las bocanas del puerto a una velocidad muy superior a la permitida, entre otras muchas quejas. Para dar respuesta a ese aluvión de denuncias, es necesario reforzar el eje administrativo y policial.

Relativa impunidad.

En caso contrario, podemos dar la impresión de que la costa de Balears es una especie de selva, sin control ni vigilancia, en la que los vándalos pueden hacer lo que les venga en gana, y sin que luego sean multados o castigados. Y el archipiélago, como primer destino turístico, no puede permitirse esta degeneración. Hay demasiadas cosas en juego y, sobre todo, la seguridad de las personas.