El Ajuntament de Palma multará con 260.000 euros al propietario de las 30 polémicas infraviviendas de Gomila. Lo más llamativo es que se trata de un policía local, expedientado y apartado del servicio, y que acumula otras viviendas precarias en la zona de Foners y en sa Indioteria, hasta sumar 68 trasteros-dormitorios. No es la primera sanción económica que recibe el dueño y hace unos meses la Conselleria d’Habitatge del Govern le multó con dos millones de euros por el mismo motivo. Las familias que alquilan estos pequeños habitáculos, de unos diez metros cuadrados, tienen que pagar entre 300 y 700 euros, pese a que las instalaciones, ubicadas en un sótano, carecen de la ventilación o la iluminación adecuada. El auténtico drama radica en que se trata de familias vulnerables, muchas integradas por migrantes sin recursos que no tienen más remedio que plegarse a condiciones inhumanas para poder tener un techo.
Nueva multa para el policía de las infraviviendas
Palma30/10/24 4:00
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