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El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha alertado que en diez años la ciudad ha pasado de tener 500 a 5.000 caravanas estacionadas en sus calles y espacios, lo que justificaría, en sus palabras, atajar los problemas de convivencia que se deriva de esta situación. Es cierto que el número de roulottes se ha disparado de un tiempo a esta parte y coincide con la crisis habitacional que padece la capital. Sin posibilidades de acceder a una vivienda digna, es una evidencia que en muy poco tiempo se ha multiplicado el número de personas –en algunos casos, familias enteras– que viven en el interior de una caravana.

Tensión vecinal. Días atrás, de hecho, eran los vecinos de la urbanización de Son Xigala los que denunciaban que en sus calles se está multiplicando la presencia de este tipo de vehículos y que apenas encuentran plazas para aparcar. No muy lejos, en Son Moix y Son Dameto Dalt, junto a los colegios de Montesión y la Purísima, hay avenidas repletas de caravanas y la tensión con el vecindario crece cada día. Hace tiempo que en el párking de Son Hugo y en varias calles de Ciutat Jardí existen ‘colonias’ permanentes.

Crear un espacio. Por otro lado, también hay que reconocer que muchas de estas personas no tienen otra opción y debido a su precaria situación económica no pueden costearse un piso en alquiler y mucho menos en propiedad. No obstante, es poco probable que una ordenanza municipal solucione el problema. Ni Cort tiene medios para velar por su cumplimiento ni los caravanistas, en muchos casos, alguna alternativa vital. Quizás Martínez y su equipo deberían plantear otro tipo de alternativa más allá de las prohibiciones y que permita acabar con el problema a medio plazo. Sin duda, una opción pasa por habilitar algún espacio para que los caravanistas puedan estacionar y vivir. Evidentemente, en unas condiciones de salubridad y a cambio de un peaje.