El Govern desbloquea suelo urbanizable en Palma

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La emergencia habitacional que golpea a Balears se está cebando especialmente con Palma, cuyo mercado inmobiliario lleva camino de ser accesible sólo a una élite y donde crece la marginalidad. De hecho, Ciutat ya registra 37 asentamientos ilegales, con millares de ‘sintecho’ viviendo en chabolas, casetas indignas o incluso en tiendas de campaña, junto a la vía de cintura. La situación es tan dramática que el Govern, en una decisión plausible, ha decidido liberar reservas de suelo urbano y urbanizable de la capital para que se puedan construir unas 20.000 viviendas que paliarán, al menos en parte, esta gran problemática social.

La mitad de estos pisos serán de protección pública o con precio limitado, para permitir que las familias más vulnerables y con escasos recursos económicos puedan acceder a una vivienda digna. No es, por supuesto, la solución definitiva al problema, pero sin duda puede aliviar la crisis sin precedentes que se ha declarado en el archipiélago y que amenaza con expulsar, cada vez con más fuerza, a nuevas familias en apuros. Buena parte de estas construcciones nuevas programas en el decreto ley se encuentran ubicadas entre el polígono de Can Valero y la barriada palmesana de La Vileta, muy cerca de Son Ximelis y de Son Roca.

Agilizar los plazos

La medida, que todavía debe aprobarse en el Parlament, incluye también una serie de medidas que permitirían reducir entre 18 y 24 meses los plazos de construcción que, hasta la fecha, podrían prolongarse durante varios años. Las trabas burocráticas son otro obstáculo que dificulta y ralentiza la creación de nuevas viviendas.


Requisitos

El decreto también prevé incorporar ciertas medidas preventivas que garanticen el éxito del proceso, como el hecho de establecer un requisito de cinco años de residencia en el municipio en el que se encuentra ubicada la promoción de viviendas protegidas.