Borbón, Urdangarín, Valtonyc y la democracia

Muy poca gente debe dudar que si Cristina de Borbón y Grecia tuviera por apellidos Pérez García otro gallo jurídico le hubiera cantado. Mucho más fiero, desde luego. Todo el proceso estuvo desde el principio, ahora se nota, perfectamente tutelado por las fuerzas que deseaban exonerar a la hermana e hija de reyes españoles. De hecho querían ahorrarle incluso sentarse a la silla del sector de los acusados en un juicio. Sólo la voluntad del juez instructor, José Castro, les impidió conseguirlo. El presidente del gobierno, el ministerio de Hacienda, la fiscalía… todas las estructuras del Estado trabajaron para conseguirlo, intentando ahuencar al máximo la instrucción por lo que a ella respectaba. Y como no se salieron con la suya porque ese juez usó la acusación popular para sentar a las egregias posaderas en el susodicho incómodo lugar durante unos meses, estalló –cosas que pasan en este país, pura casualidad, por supuesto- el escándalo que dejó a la parte acusatoria desprestigiada –con razón- a más no poder. Con estas alforjas el final del viaje procesal no podía ser muy diferente al destino de rositas que fue. Por si algo faltaba, seis días después el tribunal dejaba al cuñado y yerno de reyes españoles sin ninguna medida cautelar por su acendrado arraigo en España viviendo en Suiza, al mismo tiempo que al otro condenado se le retiraba el pasaporte. Sólo es la guinda del pastel que pagamos entre todos y se comen unos pocos. Como alguien con gracia ha escrito estos días en twitter en “en España la justicia es desigual para todos”. Al mismo tiempo que se conocía la felicidad urdangarinesca un cantante mallorquín, José Miguel Arenas, era condenado a 3 años y medio de cárcel por la letra de algunas de sus canciones. Por injuriar a la corona española y por enaltecimiento del terrorismo. Delitos de opinión que no deberían ser castigados de esta cruel forma en un país en el que la mayoría de condenados por corrupción han pagado con menos años de prisión. Se ve que aquí lo que molesta no es tanto la corrupción como que con ella se critique a las alturas borbónicas. Ya siendo hora de que pongamos fin a los privilegios de los Borbón y acabemos con la excepcionalidad legal relacionada con el terrorismo. La corona que ahora lleva Felipe y hasta su dimisión Juan Carlos fue inventada por Franco. Nada altera que el respectivamente abuelo y padre, el pobre Juan, se viera obligado -derrotado y humillado por su hijo- a aceptar la renuncia a la legítima sucesión borbónica y aceptar la que en 1969 el dictador determinó como “designación” y no “restauración”, muy correctamente por cierto. Bien estuvo que en la transición democrática y los años siguientes, muy inestables, se apartara la institución del debate político. Pero esto ya no se puede aguantar. No existe paragón. Ningún otro país tiene blindada como España su monarquía. No es democrático. Es infinitamente mejor un sistema republicano, por supuesto, pero mientras no llegue al menos hay que limar las asperezas tan poco democráticas de esta corona. Y tiene muchas. Por lo que respecta a la excepcionalidad legal a cuenta del terrorismo –por la cual se ha juzgado y condenado al cantante mallorquín- exactamente lo mismo: quizás –y sólo quizás- tuvo su razón de ser en los años duros del terrorismo etarra, pero hoy ya no vale para nada. Es más, se ha convertido en un instrumento peligroso para la democracia. Se debería derogar.