El precio del poder

Justificar el indulto de los sediciosos separatistas alegando que el cumplimiento de las penas constituye un acto revanchista y de venganza, como ha hecho un Pedro Sánchez en fuga hacia adelante, es abrir en canal el Estado de derecho. El Poder Judicial queda sometido al Poder Ejecutivo, la voluntad política se impone a la decisión de los tribunales y, con ello, desaparece el dique que nos protege del poder arbitrario. Se ausenta así la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la voluntad de la soberanía nacional. Con este discurso y reconociendo «errores del pasado», Sánchez valida el argumentario separatista y acepta la existencia de presos políticos, legitima la fuga de Puigdemont y abre la vía a un futuro lleno de incertidumbres; califica al Tribunal Supremo de prevaricador y somete la democracia a los intereses de unos golpistas. Sus declaraciones humillan y ponen a los pies de los caballos separatistas a los catalanes constitucionalistas y señala al Rey como el primer revanchista, pues el 3-O dijo: «Estas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado al margen del derecho y la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional.» Se burla el respeto a la ley poniendo en juego la integridad del Estado, la soberanía del pueblo español y la garantía de la libertad y la igualdad y comete un abuso de ley para obtener réditos políticos. Porque este atropello se perpetra con el único objetivo de que Sánchez se mantenga en el poder, por lo que podría constituir un delito de prevaricación. A los procesistas no se les debe otorgar el indulto porque no cumplen ninguno de los requisitos que establece la ley y no les asiste ninguna razón admisible, sea ética o política. Liberándolos, junto con la rebaja de pena del delito de sedición que se ha anunciado, se premiará la deslealtad política y será una invitación a que repitan el golpe. Debemos confiar en que de nuevo sea la Justicia la que nos libre del abuso del poder, resuelva los recursos controlando el derecho de gracia desde la perspectiva de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, revoque el indulto y recuerde al Gobierno que no puede atropellar el Estado de derecho.