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Por lo visto, lo de Justicia tardía, Justicia baldía, no debe contar para unos organismos judiciales de este país siempre expuestos a actuar en balde o a no hacerlo, ya que, al igual que los yogures, o están a punto de caducar o ya lo han hecho. Y, entre todos, el Tribunal de Cuentas, uno de los menos nombrados y del que ahora se está hablando por aquello de las sanciones a los líderes independentistas, es probablemente el más peculiar. Como órgano fiscalizador, cuenta con unos consejeros designados por las Cortes, seis por el Congreso y otros seis por el Senado. Y aquí comienzan las complicaciones que, por ejemplo, no se dan en el caso de otros países, en donde no todos los miembros son elegidos por el Parlamento (Alemania), si no sólo el presidente y el vicepresidente o suelen ser magistrados (Italia, Francia) o simplemente carecen de poder jurisdiccional, debiendo elevar sus expedientes a la legislatura. En España, el poder del Tribunal de Cuentas es grande y formar en él es algo ambicionado, hasta el punto de que en su configuración se habla de endogamia. No es ningún secreto que existe una especie de tradición de sagas familiares que concurren a plazas de este tribunal, mejor retribuidas que en ningún otro departamento de la Administración. Cabe citar que desde su creación, en 1982, el Tribunal de Cuentas ha tenido ocho presidentes. Los tres primeros fueron elegidos por el PSOE y los siguientes desde 1994 lo han sido por el PP. Es decir, que los populares llevan proponiendo al presidente desde hace muchos más años, pese a que no han estado en el Gobierno durante un tan prolongado período. Curioso y digno de encomio el interés del PP por estar tan al tanto de las cuentas del Estado.