El hecho de que Baleares encabece de nuevo la siniestra clasificación de contagios por COVID-19, las carencias de personal sanitario y la presión hospitalaria convierten en anécdota el incumplimiento de Pedro Sánchez, otro más, de alcanzar el objetivo autoimpuesto del 70 % de la población vacunada el pasado 18 de agosto. Y obliga a recuperar el compromiso de una evaluación independiente de la gestión de la pandemia por parte de todas las administraciones. Más necesaria si cabe en las Islas después de la grave acusación vertida en estas páginas (16 de agosto) por el portavoz de la Asociación Baleares de Atención de Mayores, Joan Miquel Català: «Nos pedían la edad de los residentes (infectados por el coronavirus) y con más de 70 nos decían ‘quedátelos' (…) Con las UCI saturadas, entraba antes uno de 40 que uno de 80».
Hace ahora un año, un nutrido grupo de expertos, entre los que se encuentra el investigador mallorquín Joan Carles March, publicaba en la prestigiosa revista científica The Lancet un manifiesto titulado La necesidad de una evaluación independiente de la gestión de la COVID-19. Su llamamiento, reiterado el mes de septiembre, no encontró respuesta hasta el mes de octubre. El entonces ministro Salvador Illa se reunió con una delegación de los firmantes y se comprometió a tener elaborada la auditoría el pasado mes de abril, mucho tiempo después del comienzo de la pandemia, lo cual, decía el doctor March, «no nos permitirá saber siquiera cuáles son las lecciones aprendidas».
El ministro dejó de serlo y no hubo nada. El mes de mayo, la actual titular del departamento, Carolina Darias, calificaba de «tremendamente importante» la iniciativa y se comprometía a llevar al Consejo Interterritorial de Salud del 30 de junio (participan todos los responsables sanitarios de las comunidades) la designación de un comité de expertos para desarrollar la revisión de las actuaciones del gobierno. La referencia oficial de esa reunión cuenta la «emoción» de la ministra por la primera reunión presencial desde febrero de 2020 que suponía, según Darias, no sólo «poder seguir ocupándonos de lo urgente» sino también «acometer con prontitud lo importante» como parte de un discurso de vacua vastedad. Del comité de expertos ni una palabra.
También la presidenta Francina Armengol debe pensar, como la ministra, que el paso del tiempo, a la velocidad que se suceden los acontecimientos, tiende al olvido de cualquier palabra dada. El 29 de septiembre del año pasado, a requerimiento de Ciudadanos en el Parlament, se mostraba dispuesta a que su Ejecutivo fuera auditado externamente. «No hay ningún problema», afirmaba Francina Armengol, autocomplaciente en extremo con sus actuaciones. Pero la elevada mortalidad, la ausencia de equipos de protección individual al inicio de la pandemia, el gran número de profesionales infectados, las prisas por salir del estado de alarma, las sucesivas oleadas de la enfermedad, los criterios oficiales cambiantes, siguen siendo incógnitas sin despejar.
Y al margen: Acierta Francina Armengol al ofrecer Baleares como lugar de acogida de mujeres y niñas afganas. Será una buena foto y sobre todo el contrapunto a las vomitivas afirmaciones de una tal Cristina Seguí, de Vox, relacionando el gesto con la prostitución de menores.
1 comentario
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Espero que las ALGUIEN AUDITE la gestión de la PANDEMIA de este GOBIERNO.....DESEO que los perjudicados acudan a la JUSTICIA (en Francia ya lo han hecho) Y creo que SOLICITAR LA LLEGADA DE NIÑAS y mujeres AFGANAS HABIENDOSE OPUESTO en el PARLAMENT y EN MADRID (PARLAMENTO) PSOE Y PODEMOS,por DOS veces a una INVESTIGACION en el caso de las 16 NIÑAS y NIÑOS ...ABUSADOS ,PROSTITUIDOS Y ALEJADOS DE LA ISLA...es simplementeQUERER PARECER SOLIDARIOS,LLENAR PORTADAS y DESPREOCUPARSE de AVERIGUAR LO OCURRIDO en el MISMO LUGAR donde van a tener que enviar a estas NIÑAS afganas..... NO ES DE RECIBO.....