En España hay poco presente para los jóvenes. Y el problema es que quien no invierte en presente, no tiene futuro. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo público hace unos días su informe mundial sobre educación y quedamos en muy mal lugar. Somos el segundo país con peores datos de toda Europa, sólo por detrás de Italia. El 22 % de nuestros jóvenes de entre 18 y 24 años son ‘ninis', es decir ni estudian ni trabajan. La media de los países de la UE se sitúa en el 13 %, nueve puntos por debajo. La mayoría, por cierto, son mujeres, dedicadas al apoyo doméstico en el hogar, una vuelta atrás intolerable y un motivo de reproche para un Gobierno supuestamente feminista.
La formación es la base de una sociedad sana, de ahí que países con dictaduras la limiten a sus ciudadanos. La educación favorece la visión crítica y nos hace libres. Y en el ámbito práctico, aumenta las oportunidades para el bienestar porque la realidad demuestra que se traduce en mejores empleos y salarios. La propia OCDE señalaba en 2019 que las personas entre 25 y 64 años con titulaciones superiores (FP superior y universidad) ingresaron un 45 % más que las que tenían estudios de un nivel más bajo.
El Gobierno debe invertir más y más acertadamente en educación para ofrecer perspectivas a los chavales y eso supone fomentar perfiles profesionales útiles y tomar medidas para generar empleo de calidad. Porque de nada sirven los títulos sin opciones laborales, causa de la triste fuga de talento.
Seguro que hay ninis por vocación, entregados a la vaguería y los videojuegos, pero debemos analizar también si nuestros gobernantes son capaces de crear una oferta competitiva, atractiva y suficiente. Porque en el caso de la FP, por ejemplo, la demanda existe, pero se ha marginado del sistema educativo público, lo que ha permitido campar a sus anchas a la iniciativa privada y sacarle una altísima rentabilidad. En la última década la FP ha incrementado un 45 % el número de alumnos hasta llegar al millón. Está claro que la inversión privada ha visto el potencial enriquecimiento y se ha animado ante la dejadez política. Un fondo de inversión americano acaba de comprar una red de centros de FP en España por 200 millones de euros, mientras el Consejo de Ministros aprobaba la semana pasada una Ley que llega tarde y en medio de una investigación abierta por el defensor del Pueblo sobre la falta de plazas públicas. Porque, por increíble que parezca, decenas de miles de jóvenes aspirantes se han quedado sin plaza en la pública, incapaz de dar respuesta a la demanda real mientras nuestros gestores hipotecan a las generaciones jóvenes dejando que el capital extranjero privado mercadee con un derecho fundamental.
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