TW
4

Desde que Pedro Sánchez habló de la posibilidad de descentralizar algunas instituciones del Estado, están surgiendo propuestas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana se presentaba como emplazamiento ideal para la sociedad pública Puertos del Estado.

Pero quizás el golpe de efecto, de efecto político por sus resonancias históricas, claro, sería el traslado del Tribunal Constitucional a Cádiz. La cuna del constitucionalismo español se convertiría en morada de la descendencia de La Pepa.

Viajaríamos hacia aquel 1812 a una ciudad asediada por Napoleón y azotada por una epidemia de fiebre amarilla, en la que unos cientos de diputados hablaron de Constitución cuando la mayoría de españoles ni siquiera conocía el significado del término.

Ahí y entonces nació el liberalismo, un respetabilísimo concepto que los tiempos modernos se han encargado de prostituir hasta penosos extremos. Ahora, la propuesta de trasladar la sede del Tribunal Constitucional a Cádiz, llevada a cabo por dos profesores expertos en la materia, brinda, amén de aromas de una especie de romanticismo histórico, la sugerencia de que ello podría formar parte de un paso más hacia un modelo federal.

De hecho, en otros países, el llevar instituciones claves del Estado fuera de la capital política es algo que ha venido abriendo camino hacia el federalismo.

El momento que vivimos en España, de una relativa indefinición política que favorece ocasionalmente brotes de radical virulencia y exaltación, tal vez se beneficiaría de una descentralización institucional que apaciguara los ánimos. Y puestos a probarlo, por qué no hacerlo comenzando por el Tribunal Constitucional.