Hace unos días este periódico informaba que la Comunitat Autònoma tiene ahora 5.225 empleados públicos más que en 2015. Es decir, desde que la presidenta Armengol y sus socios gobiernan la plantilla de funcionarios se ha disparado un 48 por ciento. Para el año 2022 el gasto de personal alcanzará los 1.846 millones frente a los 1.245 millones del último año del Govern de Bauzá, 601 millones más en seis años. O sea, 100 millones más cada año.
Por departamentos, 2.560 nuevos funcionarios se han incorporado a la sanidad balear y 2.048 son personal educativo. El resto –647 empleados– trabajan en la administración general de la Comunitat. Si algunos de estos empleados públicos llevan más de cinco años en su puesto de trabajo que sepan que se convertirán automáticamente en funcionarios gracias al Gobierno de Sánchez. Imaginen a quien votarán en las próximas elecciones.
Pero vayamos por partes: 5.225 funcionarios más en seis años es un número lo suficientemente importante para analizar si eran necesarios, si han sido efectivos, si la ciudadanía se lo puede permitir, y si es preciso seguir incrementando la plantilla a un ritmo de casi 1.000 cada año. El crecimiento de la estructura de personal de la Comunitat Autónoma ha sido inversamente proporcional a lo que han tenido que hacer las empresas de Balears desde que estalló la crisis sanitaria. Las que han podido salvarse, claro.
En sanidad, por ejemplo, hay 2.560 trabajadores públicos más después de que el Govern de Bauzá, denunciaba la izquierda en ese momento, dejase de atender ciudadanos en los hospitales y en los centros de salud. Con 2.560 empleados públicos más debería garantizarse una sanidad mucho mejor que la de la etapa de Bauzá, por supuesto, sino unos servicios a la altura de los mejores países del mundo. Yo no sé si la consellera de Salut y su equipo leen las redes sociales pero no hay día que no aparezcan comentarios contra los servicios que se dan en los centros de salud. Cuando no cogen el teléfono dan cita con un mes de retraso. No doy la culpa a los nuevos funcionarios, que seguro que hacen muy bien su trabajo, pero algo no cuadra.
Lo mismo ocurre con la educación, con 2.000 funcionarios más que en 2015, pero los sindicatos siguen diciendo que las aulas están masificadas y, aunque el próximo informe PISA no se hará hasta el año que viene, dudo mucho que estemos entre las primeras comunidades autónomas en rendimiento escolar.
Decir que hay que reducir la administración se ha convertido en algo políticamente incorrecto, incluso un planteamiento de fascistas, pero más allá de los acalorados debates políticos quizás convendría que todos los que deciden disparar el gasto público de esta forma tan descomunal, sin ningún tipo de mesura ni moderación, vayan a las empresas y pregunten los esfuerzos que tienen que hacer por mantener sus plantillas, no solo ahora, sino incluso antes de la pandemia. La alegría con la que se contratan empleados públicos está muy alejada de la realidad y mucho me temo que este disparate va a continuar en los próximos años sin ningún tipo de mesura. Si pagasen de su bolsillo seguramente lo verían de otra forma, pero luego los insolidarios son aquellos que querrían pagar menos impuestos.
4 comentarios
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Como se puede criticar la gestion del Govern si solo tratan de disminuir el paro, si siguen asi pronto todos seremos funcionarios..y veremos quien paga entonces....como muestra Cuba, venezuela, corea del norte....
La GESTION de PODEMOS MES Y PSOE es de lo PEOR que recuerdo.... Y...NO DIMTE NADIE....(sigan poniendo carteles marcando al personal que no habla catalán)
Si vostè es basa amb els quatre comentaris que llegeix a les xarxes socials és normal que faci els articles que escriu de la qualitat que es veu. Fa ganes escriure un article que es digui "4 anys de carrera de periodisme i apenas se nota". Això d'investigar està sobrevalorat no? millor entrar a les xarxes socials i llegir els comentaris dels cunyaos de turno
Cierto, a penas se nota pero, no por culpa de los empleados públicos. No se nota por culpa de los cargos enchufados políticos como algunos directores generales o gerentes que su único mérito para acceder al cargo ha sido pertenecer al mismo partido político de los gobernantes. Deberían prohibirse este tipo de cargos.