Hay leyes con las que no comulgo e incluso me parecen más pensadas con un pie que con la cabeza. Pero me toca acatarlas y cumplirlas. De no hacerlo, me arriesgo a una pena que puede ir desde el pago de una multa hasta cárcel. Las reglas del juego deberían ser iguales para todos, pero la realidad demuestra que la justicia no es igualitaria y que algunos sujetos actúan con supina soberbia sabiéndose protegidos. Y frente al dolo, está la inconsciencia o involuntariedad, que atenúa la falta.
El incumplimiento también se da en la administración pública, pero muchas veces no se aplican consecuencias. Y eso es como decirle a la sociedad que quien gobierna está por encima de la ley y le puede despreciar. En diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia 19/2013 que obliga a las administraciones central, autonómica y local a publicar en sus páginas web toda la información de interés para el ciudadano. Cinco años después, el grado de cumplimiento de la ley en Baleares es muy bajo. Una evaluación de la Universidad Autónoma de Barcelona acaba de revelar que sólo 11 de los 67 municipios de la comunidad obtienen un aprobado, lo que implica que 56 suspenden, un 83,5 %.
El tiempo de los reinos opacos tiene que acabar. Las administraciones públicas deben rendir cuentas ante los ciudadanos y demostrar que gestionan eficaz y honradamente, y que la participación ciudadana va más allá de unos comicios cada cuatro años. Los políticos deben responder con humildad a la confianza que han recibido y ofrecer información constante y útil. Se llama gobernar con transparencia. Ése es el mejor antídoto que tenemos frente a la ineficiencia y la corrupción.
El cumplimiento de la ley es una obligación legal, pero la rendición pública de cuentas es también una exigencia ética. Las administraciones tienen que demostrar que el ciudadano importa y que la gestión es responsable. Los gobiernos locales son los más próximos y deben fomentar el concepto de servicio público hacia los vecinos y todos, municipales, provinciales, autonómicos y estatal, deben recordar que su financiación se sustenta en una fiscalidad que pagan los ciudadanos. Y queremos saber qué se hace con nuestro dinero.
A través de la información, el ciudadano podrá auditar de forma permanente la gestión de sus políticos y juzgarla a partir de datos. Y si éstos se hubieran maquillado o falseado con fin propagandístico, la exposición pública podrá ser base de prueba judicial. La transparencia es indispensable en la democracia. Es muy probable que los ayuntamientos se pasen por el forro su suspenso, porque la norma no establece un claro mecanismo de control. Pero sí fija sanciones. La anomalía acabará si hay voluntad política o cuando los ciudadanos se enteren de que pueden denunciar y no limitarse a ser votantes serviles para entronar al que luego les ignora.
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