Juan MestrePalma12/04/22 3:59
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A nadie le interesa ya la gestión municipal, la peor de la historia, porque ahora el foco está puesto en los problemas judiciales de sus concejales. No cometeré el error de juzgar antes de hora a Neus Truyol, la concejala de Palma que tiene pie y medio en el banquillo de los acusados por la contaminación de la Bahía de Palma. No imitaré a la propia Truyol, que es capaz de condenar a cualquier rival político en circunstancias judiciales mucho más benevolentes. Se podría decir, por ejemplo, que «es el momento de la responsabilidad y de hacer limpieza» porque, en caso contrario, «estará demostrado que se actúa tapándose los unos a los otros no pidiendo responsabilidades». Y añadir que Truyol debe dimitir «si no quiere ensuciar a su partido y a los vecinos y vecinas de esta ciudad». Estas fueron algunas de las frases que la propia Truyol utilizó, en nombre del gobierno municipal, para referirse a Alvaro Gijón en una de las investigaciones que sufrió el ex concejal del PP y que, como todo el mundo sabe, acabaron archivadas.

Truyol no dio a Gijón ni la posibilidad de defenderse y sus compañeros de gobierno, por llamarlo de alguna manera, incluso plantearon una moción para exigir al concejal popular que dejase su cargo en Palma. Pero Truyol no piensa dimitir porque a nadie con una nómina por encima de los 3.000 euros le gusta irse a las colas del paro. Para Truyol su más que probable procesamiento se debe a que la justicia está politizada, como si la edil de Més per Mallorca hubiese estado fuera de la Isla cuando los jueces imputaban y condenaban a granel a políticos de PP y UM. Para denunciar la politización de la justicia Truyol contó con el respaldo de Alberto Jarabo, de Podemos, y otro concejal abogado de profesión, a quien le hicieron el flaco favor de enviarle a respaldar a la edil procesada.

No ha sido el caso de Truyol el único asunto judicial que ha enturbiado la vida municipal en Palma. Porque la exconcejala Aurora Jhardi, de Podemos, ha sido condenada a nueve años de inhabilitación por revocar licencias para la publicidad dinámica del grupo Cursach, que tenía permiso para dicha actividad. Jhardi, que intentó sin éxito eliminar las terrazas de es Born, abusó de su cargo e incumplió la ley, pero también el argumento es que la justicia está politizada, aunque eso solo ocurre cuando se condena a dirigentes de determinados partidos políticos. En estas circunstancias se esperaba que el alcalde de todos los palmesanos, los que le votan y los que no, esté a la altura de las circunstancias, que respete la ley y actúe con sentido institucional. Eso es lo que se espera, claro, pero a José Hila es pedirle demasiado porque lo que ha hecho es defender a ambas dirigentes políticas, a la procesada y a la condenada. Por supuesto, Hila no tiene ninguna intención de pedirle a Truyol que deje su cargo «para no ensuciar a los vecinos y vecinas de Palma», que es lo que hacen otros políticos con problemas judiciales mucho menos graves. El empeño que pone Hila para que Armengol pierda las próximas elecciones empieza a ser enfermizo.

Ante este panorama Palma ha entrado en una nueva dimensión. A nadie le interesa ya la gestión municipal, la peor de la historia, porque ahora el foco está puesto en los problemas judiciales de sus concejales, que por supuesto están perseguidos por los jueces por temas ideológicos. Y aún queda más de un año para que todo pueda cambiar. Pobre Palma.