En paralelo con la comunicación oficial de qué mediante el software Pegasus habrían sido espiados –'una injerencia externa'– los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, la semana parlamentaria se perfila con episodios de alta tensión. Está prevista la comparecencia en el Congreso de la directora del CNI, Paz Esteban, y el próximo miércoles será Margarita Robles quien comparecerá en la Comisión de Defensa. Sabedora de la que la mejor defensa es hablar claro, Robles se ha hecho proceder de diversas manifestaciones en las que ungida de sentido común se ha preguntado qué papel le corresponde a quienes por ley están obligados a defender al Estado cuando advierten que hay quien conspira contra el Estado.
En otro país que no fuera el nuestro recordar, como hizo en la última sesión de control al Gobierno, los continuos episodios de violencia en Barcelona –toma del aeropuerto, intento de asalto a la Jefatura Superior de Policía, barricadas en las calles, saqueo de comercios, corte de autovías– habría bastado para callar a quienes hinchados de cinismo la exigían responsabilidades por el supuesto espionaje que habrían sufrido algunos de los cabecillas de la sedición.
La pregunta de la ministra Robles: «¿Qué tiene que hacer el Estado cuando alguien declara la independencia?», quedó sin respuesta. Los diputados que representan a los sediciosos que fueron encarcelados y posteriormente indultados por Pedro Sánchez no contestaron a la pregunta y les vio crecidos. Sabedores de que Sánchez depende de su votos para seguir repartiendo su vida entre La Moncloa y el Falcon han pedido la cabeza de Margarita Robles. Piden la dimisión de la ministra los costaleros parlamentarios de Sánchez y también los socios de Podemos que se sientan en el Consejo de Ministros.
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