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Más de una treintena de intelectuales, de reconocido prestigio, entre los que se encuentran filósofos, historiadores, matemáticos y escritores, han hecho pública una rotunda oposición a la nueva norma educativa, conocida como ‘ley Celaá'. Entre otras cosas afirman que «el sistema educativo no debe convertirse en un instrumento para doctrinar y apropiarse de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes».

Por otra parte, dicen que «los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento, pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los estudiantes, con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y la incompetencia intelectual».

En el manifiesto, los intelectuales reclaman «libertad para los docentes para enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, sin ser correa de transmisión de la ideología de turno», y también apostar por exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. Por último, los firmantes no marginan el tema de la lengua, pues para todos ellos es «importante que se garanticen las resoluciones judiciales, como la que obliga a impartir al menos un 25 % de las asignaturas en español en Cataluña». Terminan diciendo: «Aspiramos a que en todo el territorio español se garantice la enseñanza pública en lengua española, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras lenguas oficiales del estado».