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APedro Sánchez le preguntaron en el Congreso por la destitución de la directora del CNI y por toda respuesta argumentó que, cuando gobernaba el PP, la policía espiaba ilegalmente a Luis Bárcenas. Cinismo en estado puro. Sánchez conocía el resultado de las escuchas telefónicas realizadas por el CNI con autorización judicial a varios dirigentes separatistas relacionados en diferentes grados con los incidentes que se produjeron en Cataluña a raíz de las condenas a los sediciosos. Dicha información le debería haber llevado a cortar las negociaciones que tenía abiertas con ERC para que apoyaran la investidura. No lo hizo. Primó su interés político personal frente al decoro que exigía la evidencia de qué algunos de aquellos con los que sellaba acuerdos habían estado alentando las algaradas callejeras que se saldaron con numerosos actos de violencia.

Por otra parte, hace tiempo que en La Moncloa tenían conocimiento de la infección que habían sufrido los teléfonos del propio Sánchez y el de la ministra de Defensa. Obra de ‘un agente exterior', según informó el pasado 2 de mayo el ministro Bolaños. Nada que ver, pues, con las escuchas realizadas por el CNI con autorización judicial a varios dirigentes separatistas catalanes investigados bajo fundadas sospechas y demostradas evidencias de la participación activa en labores de coordinación de los llamados CDR (Comités de Defensa de la República ), grupos implicados en los más variados incidentes.

El único error cometido por la ya exdirectora del CNI durante su comparecencia parlamentaria fue haber mostrado las autorizaciones judiciales que justificaban las escuchas telefónicas y no haber aportado la información detallada que habían generado los pinchazos. De haberlo hecho, quizá, quien ahora tendría que estar dando explicaciones sería el actual presidente de la Generalidad. En esa circunstancia a Pedro Sánchez se le habrían complicado mucho las cosas para seguir abrazado a estos socios lo que quede de legislatura.