Contra la moderna colonización

Las ventas han llegado a tal extremo que se realizan mediante visita virtual, a golpe de vídeo de móvil. Y así somos la comunidad autónoma líder en estadísticas perniciosas: la que registra el mayor encarecimiento de los precios en la compraventa de inmuebles, donde más años de salario se requieren para tener un hogar en propiedad, y la que presenta mayor peso de compra por parte de extranjeros (el 40 % de las operaciones), la mayoría por valores que acumulan siete cifras y gestionadas por intermediarios compatriotas que suman altos beneficios y abonan la especulación de los pudientes.

Hay que poner límites ya. Aplaudo la recién anunciada propuesta de Podemos para frenar la venta de viviendas a foráneos. La exigencia de residir al menos dos años en Baleares para poder adquirir me parece un paso mínimo y necesario. No sé si se podrá exigir también que los compradores sean sólo personas físicas. Hace tres meses Més per Menorca planteó restringir la compra de segundas residencias a extranjeros y el Govern creó un grupo de trabajo para analizar las leyes y ver su viabilidad.

Ya sabemos que será difícil, y que Bruselas puede frenarlo, dado que el marco jurídico europeo establece la libertad de circulación de personas, bienes y capitales. Esta movilidad se supone que nos beneficia a todos los comunitarios, pero, seamos realistas, la diferencia de poder adquisitivo nos deja con el culo al aire y nos convierte en los pobres del sur, saqueados por las clases altas y medias de otros países europeos y sin opción de comprar en sus territorios. Para los extracomunitarios, espero que se deroguen las ‘Golden Visa' para ricos, que jamás debieron aprobarse y que nos trajeron un reguero de chinos, indios, rusos y americanos con residencias exprés.

Seguro que existe alguna fórmula posible, especialmente ligada a nuestra insularidad. De hecho, Finlandia ya ha legislado de forma excepcional en las islas Aland, donde el acceso a la vivienda está circunscrito a los habitantes de la isla. Y, si no, que se grave de forma extraordinaria la adquisición de inmuebles para los que no coticen y declaren la renta en España. Y el que venga, que pague y parte de su inversión beneficie a todos los ciudadanos. Que con los ingresos de los IBIs e IVAs de los que usan nuestras infraestructuras gratis sólo logramos morralla.