La pesadilla de Tomeu Vadell, hijo de mallorquín, nacionalizado estadounidense y nacido en Venezuela, empezó el 21 de noviembre de 2017, la víspera del Día de Acción de Gracias. Junto con otros siete directivos estadounidenses de la refinería CITGO, propiedad de la empresa petrolífera estatal venezolana PDVSA, fue convocado a una reunión de urgencia en Caracas. Para tener la seguridad de que todos ellos acudiesen, se les envió un avión privado.
Lo que iba a ser una reunión de empresa era en realidad una trampa. En el transcurso de la misma irrumpieron miembros del SEBIN (la policía secreta del régimen) con el rostro cubierto con pasamontañas y salvo a dos de ellos, se les requisaron los móviles y el resto de pertenencias. Su rastro se perdió durante 33 angustiosos días en los que se les mantuvo incomunicados.
La primera noticia que tuvieron sus familias fue la acusación de haber tomado decisiones contrarias a los intereses de la empresa y al ser considerados todos venezolanos, a pesar de haber renunciado a su nacionalidad y ser actualmente estadounidenses, el delito fue de traición a la patria y corrupción. Una vez formulada la acusación, permanecen casi dos años en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en condiciones durísimas. Además de las privaciones imaginables en cualquier prisión venezolana, deben permanecer las 24 horas del día con luz artificial y sólo se les permite ver la luz del sol durante quince minutos una sola vez al mes. Tomeu llegará a perder hasta treinta kilos de peso.
La situación de Tomeu y del resto de sus compañeros, que se había iniciado como respuesta a las sanciones económicas de Donald Trump hacia el gobierno venezolano, irá cambiando en función de las relaciones de Maduro con el Gobierno estadounidense. No eran más que peones en una partida en la que no tenían nada que ver. Transcurridos esos dos años se les concedió arresto domiciliario en diciembre de 2019 para ser encarcelados nuevamente el mismo día en el que el presidente Trump recibió a Juan Guaidó en la Casa Blanca.
El 30 de abril de 2021, después de la toma de posesión del presidente Joe Biden, a Tomeu y al resto se les volvió a dictar arresto domiciliario. Sin embargo, como respuesta a la extradición del empresario colombiano Álex Saab en 2021, quien se enfrentaba a cargos federales de lavado de dinero en EEUU, Maduro los trasladó a la siniestra sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en El Helicoide. En marzo de 2020 entrevisté a su hermana Silvia, que reside en Mallorca, en el mismo municipio del que emigró su padre hacia Venezuela.
Le pregunté si después de casi tres años –por entonces– habían perdido la esperanza. «Del mismo modo que fue arbitraria su detención –me dijo–, puede serlo su puesta en libertad. Nada tendrá que ver con ninguna cuestión legal». Tenía razón. Tras cinco años, la vida y la libertad de Tomeu y de sus compañeros ha dependido de la de dos narcotraficantes que, por suerte para ellos, han resultado ser los sobrinos de la esposa del dictador.
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