Son ya catorce años. De ellos, diez gobernados por distintos Pactes ‘de progrés’. Cuando, en 2008, la Conselleria de Tomeu Llinàs abordó una actualización del módulo de concierto que perciben los más de cien colegios de Balears acogidos a este sistema para poder hacer frente a sus gastos corrientes y, además, firmó un acuerdo para la progresiva equiparación retributiva del personal con el de la enseñanza pública –algo que la legislación prevé desde 1985 y que el Govern incumple–, pocos podían sospechar que el postrer parón y marcha atrás del ejecutivo de Francesc Antich iba a durar nada menos que 14 años.
Hasta 2016 no se acordó desbloquear la equiparación retributiva, con la mala fortuna de que la crisis de la COVID supuso una nueva paralización. Por ello, los docentes y el personal de administración y servicios de los centros concertados no han llegado siquiera hoy a lo acordado en 2008.
Además, el Govern tampoco puede verter sospechas sobre los módulos acordados en 2008, ni culpar al PP, porque los calculó, a conciencia, el entonces director general de Pressuposts –hoy Síndic de Comptes–, el socialista Joan Rosselló, que desde la Sindicatura aconseja su actualización desde hace ya diez años, mientras Martí March y su segundo, Antoni Morante, la llevan postergando bajo pretextos fútiles a lo largo de los últimos siete. Lo más que han conseguido los colegios ha sido consolidar el modesto incremento con que se les dotó para hacer frente a los gastos extraordinarios COVID. Ni un céntimo más.
En su defensa, March gusta de esgrimir frases hechas y cifras macroeconómicas que no pueden ocultar su incumplimiento de una obligación básica del concierto educativo, la de garantizar a las familias la gratuidad por la enseñanza reglada que reciben sus hijos.
Su propia Llei Educativa, reconociendo este hecho, contempló la creación en el plazo de seis meses de una comisión técnica de la mesa de la enseñanza concertada para estudiar el importe real del coste del puesto escolar. Transcurrido de sobras ese plazo, el sector sigue esperando.
Las reivindicaciones de las patronales son no solo justas, sino muy prudentes. Plantean para 2023 la mera actualización del IPC acumulado del período –alrededor de un 30 por ciento– y el posterior estudio de los nuevos costes surgidos durante estos catorce años. La propuesta del Govern es un mísero incremento de 1’6 millones de la partida, cifra que ni siquiera sirve para enjugar la inflación de 2022.
En estos casi tres lustros, la electricidad ha triplicado su coste, el gasóleo de calefacción lo ha doblado y el gas natural lo ha llegado a multiplicar por seis.
Todo ello, sin tener en cuenta que cada alumno en la enseñanza pública cuesta al Govern bastante más del doble que uno en la concertada, de forma que este sector es un auténtico chollo presupuestario para March.
No es extraño, pues, que la concertada se sienta políticamente maltratada por Francina Armengol, que llegó al poder aprovechando la unidad de todo el sector educativo, con la vitola del diálogo, asumiendo un Pacte Educatiu que ha aparcado por completo y prometiendo unas formas muy distintas a las del denostado José Ramón Bauzá, al que cada día se parece más en su manera de tratar a los colegios concertados y a sus familias.
8 comentarios
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Heròdot d'HalicarnàsBúsquelas señora, Me he cansado de facilitarle el trabajo.
Claudio RanieriGran argumento Tom.
Angelcaídomentres no ofereixis fonts i dades contrastables, ses teves afirmacions són pures consignes polítiques.
Tothom sap que la concertada és un negoci. A més, moltes són catòliques adoctrinadores. Que passin per oposicions i que incloguin a tot l'alumnat
AngelcaídoQue raro, usted defendiendo la enseñanza privada y atacando la publica... ¿Porque será que no me extraña?
En CONTRA de la CONCERTADA solo estan los que TRABAJAN EN LA PUBLICA...( AUTENTICO PANICO) A FAVOR de la concertada TODOS LOS PADRES que se dan de castaña por obtener UNA PLAZA.
ESCLARAMUNDACuando les den el MISMO DINERO no lo dude y por lo que veo LO HARAN MEJOR (vea los ultimos conflictos con niños especiales) Menos hipocresia.
Si la concertada vol ser com la pública que es comporti com a tal, que accepti qualsevol tipus d'aalumnat i no les faci fora amb aquests "pagaments voluntaris" que malgrat en teoria l'ensenyament sigui gratuit perquè el paga l'administració cada mes paguen moltes quotes que allunyen a moltes famílies humils, que deixin de fer de la religió el seu bastió perquè d'aquesta manera alluyen alumnes d'altres confessions, que comencin a utilitzar les mateixes eines de control que utilitza la pública i tot sigui "transparent", que deixin d'aconsellar als alumnes de baix rendiment que "les convé anar a una escola més fàcil, les diuen a les famílies". Si volen que els seus mestres cobrin el mateix que els de pública, molt fàcil: que entrin dins les mateixes llistes que els interins, que preparin oposicions com fan els de pública i que les contractacions deixin de ser decisió del "propietari" contractan: amics, fills d'amics, antics alumnes... Mira que fàcil ho tenen per equiparar-se amb la pública: actuar i comportar-se com igual, arreglat.