Al anunciar la reforma del delito de sedición para reducir las penas equiparándolas a las previstas en el Código Penal para los desordenes públicos, el presidente del Gobierno culmina el ciclo de concesiones y contrapartidas políticas a los separatistas catalanes que inició meses atrás con la concesión de los indultos. La medida anunciada se llevará a cabo sin informes previos de los órganos consultivos. El mismo Sánchez, que hace algún tiempo en declaraciones públicas equiparaba la sedición al delito de rebelión y anunciaba el compromiso de hacer cumplir integramente las penas a los sediciosos, ahora tiene prisa.
El paso que anuncia tiene una indudable trascendencia política porque, pese al control que ejerce sobre el partido, dicho control no necesariamente alcanza a todos los votantes socialistas tradicionales. Y, por otra parte, son conocidas las reticencias de algunos de los barones regionales -Page en Castilla-La Mancha, Lamban en Aragón- en orden a las concesiones a los independentistas porque antes de las generales llegaran los comicios autonómicos y municipales y es lógico pensar que el paso dado por el presidente del Gobierno puede influir de manera negativa en sus propias expectativas electorales.
Pero Sánchez apuesta fuerte y se la juega tras esta apuesta que lógicamente envalentonará a los separatistas, en cuyos ambientes se celebra el anuncio como lo que es: una gran victoria política. Una victoria que puede devolver a Oriol Junqueras y al prófugo Carlos Puigdemont al centro del escenario para escarnio de cuantos ciudadanos contemplaron en su día que el Tribunal Supremo, con sus sentencias, había defendido la legalidad democrática. Ante una apuesta política tan disruptiva como la impulsada por Pedro Sánchez solo cabe esperar el juicio de las urnas. Ha cruzado el Rubicón.
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