Josep Pons Irazazabal11/12/22 0:29
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En nuestro país se confunde con frecuencia la democracia con la vulgaridad y la existencia de derechos y la necesidad de obligaciones con la ausencia de deberes y la barra libre para hacer o decir cualquier cosa. La libertad de expresión no ampara el insulto, la bajeza, el lenguaje difamatorio, la vejación o la indignidad. Al contrario, existe el deber de la mesura, de la corrección y del respeto, sobre todo para nuestros responsables políticos.

En las últimas semanas hemos asistido en el Parlamento a un torrente de expresiones tabernarias más propias de los malvados de la posada de Sparafucile en Rigoletto que del Parlamento. Han cruzado el hemiciclo expresiones como «banda de fascistas», «comunistas asesinos», «golpistas», «filoetarras», «bruja», «actúan igual que Hitler y Stalin», etc. A las que añadir dos muy destacadas. La de la diputada de Vox, Carla Toscano, intolerable, sobre el conocimiento que la ministra Montero tiene de Pablo Iglesias, su expareja, y la de la propia ministra, rechazable, acusando al principal partido de la oposición de «promover la cultura de la violación».

Así no se fortalece la democracia. Así crece el rechazo de la sociedad a la clase política. El hecho de que la mayoría de los exabruptos provengan de la bancada más a la derecha no justifica las respuestas intolerables de los demás.
La ministra Montero ha cometido un error con la famosa ley del ‘Solo sí es sí' y lo grave es que no quiera admitirlo. No pasaría nada por reconocerlo, ya se supone que ese error no ha sido intencionado, que no pretendía excarcelar a ningún violador. En vez de aceptarlo, acusa a los jueces de machismo y, lo que es más grave, «de incumplimiento de la ley». Palabras muy duras. ¿Se imagina alguien a un juez del Supremo calificando una acción del Gobierno de machismo o diciendo que el Gobierno incumple la ley?

Se diría que hemos confundido la responsabilidad con la culpabilidad. En democracia, quienes se equivocan gravemente en las actuaciones o en las expresiones tienen que asumir la responsabilidad y, llegado el caso, dimitir, aunque no sean culpables. Una diputada que insulta o se excede tendría que dimitir o disculparse. Una ministra que se equivoca gravemente debería dimitir o rectificar. No me importan los colores. Lo preocupante es que la democracia no lo aguanta todo. No la sometamos a prueba.