Latrocinio institucional

Los militantes más implicados y los que desempeñan cargos públicos están obligados por supuesto al asentimiento de las decisiones del líder, so pena de verse obligados a seguir el mismo camino que un histórico como Joaquín Leguina («Sánchez hace lo que hace porque piensa que los españoles no tenemos memoria»), expulsado sin contemplaciones por ser exponente de una izquierda liberal y opuesta al sectarismo. Pero no así los ciudadanos que apoyaron electoralmente al PSOE con base en los compromisos de Pedro Sánchez, que accedió al poder a través de una moción de censura como abanderado contra la corrupción. Las siguientes campañas electorales se fundamentaron en unos pocos mensajes diáfanos: no gobernar con Podemos; no pactar, «nunca, nunca, nunca», con Bildu; cumplimiento íntegro de las penas sentenciadas por el Tribunal Supremo contra los secesionistas catalanes; tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal. Luego vinieron los indultos como paso previo al autentico latrocinio institucional que perpetra la coalición de gobierno de izquierda y sus apoyos parlamentarios.

También Alfonso Guerra ha mostrado su desengaño con Pedro Sánchez al que apoyó en sus decisiones cuando dijo que no dormiría tranquilo con Podemos o cuando dijo que lo de 2017 en Catalunya no era sedición sino rebelión. Es el mismo Alfonso Guerra cuya figura política debió de influir en una joven Francina Armengol cuando dio el salto del nacionalismo y su militancia en el Bloc d'Estudiants Independentistes al socialismo en los años noventa y que arropaba su campaña cuando pretendía la presidencia del Consell de Mallorca («qué fuerza, qué potencia y es que además qué guapa», decía el entonces todopoderoso vicepresidente en un mitin en Inca).

La candidata Armengol deberá explicar a los ciudadanos que piensen votarla, y a todos los demás, si comparte el manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición que firman exministros y ex altos cargos socialistas muy conocidos, además de antiguos altos dirigentes de UCD, catedráticos y eurodiputados, que rechaza con contundencia el objetivo de «obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución».
En defensa propia electoral, los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Page y Lambán, han iniciado el desmarque del sanchismo. También Francina Armengol procurará, en la convocatoria electoral de mayo, centrar el debate en la propia gestión y en capitalizar la morterada de millones de dinero público repartido. Pero es el mismo PSOE, el de Sánchez y Armengol, que gusta de exhibir la adhesión inquebrantable a su presidente. Lo que está en juego, más allá de una gestión determinada en Baleares, es el sistema constitucional. Y nos concierne.